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EL SOBRESEIMIENTO COMO ACTO JURISDICCIONAL Y NO COMO ACTO DE INVESTIGACION

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EL SOBRESEIMIENTO COMO ACTO JURISDICCIONAL Y NO COMO ACTO DE INVESTIGACION
EL SOBRESEIMIENTO COMO ACTO JURISDICCIONAL Y NO COMO ACTO DE INVESTIGACION

UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
CARRERA DE DERECHO

TITULO:

EL SOBRESEIMIENTO COMO ACTO JURISDICCIONAL Y NO COMO ACTO DE INVESTIGACION

 

FECHA DE DEFENSA:  Lunes 13 de Marzo de 2006

1. INTRODUCCION.

El 31 de mayo de 2001 entra en plena vigencia el nuevo Codito de Procedimiento Penal el cual trae grandes cambios en al administración de justicia en nuestro pías, uno de esos cambios es al dirección funcional en al etapa de la investigación otorgada así Ministerio Publico.
El Fiscal a partir de la notificación con la Imputación Formal al imputado tiene seis meses para reunir los suficientes elementos de convicción para acusar o en su caso emitir otro Requerimiento Conclusivo (Salida Alternativa al Juicio Oral de Criterio de Oportunidad Reglada, Suspensión Condicional del Proceso o Procedimiento abreviado).
Estos Requerimientos Conclusivos aludidos son presentados ante el Órgano Jurisdiccional para su rechazo o aprobación.
Si el Fiscal cree que los elementos probatorios reunidos en la etapa preparatoria son insuficientes para acusar o emitir cualquiera de las salidas alternativas dicta una resolución de “Sobreseimiento” poniendo fin de este modo al proceso Penal, esta resolución puede ser impugnada ante el Fiscal de Distrito de este modo el Órgano Jurisdiccional queda ala margen de emitir criterio ante esta resolución de “Sobreseimiento”.
Bolivia es el único país donde el sobreseimiento es una función del Ministerio Publico y no así una función Jurisdiccional.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

¿POR QUÉ EL SOBRESEIMIENTO COMO ACTO CONCLUSIVO TENDRIA QUE SER FACULTAD DEL JUEZ Y NO DEL FISCAL?
¿POR QUE EL SOBRESEIMIENTO  COMO ACTO PROCESAL DE LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO, NO TENDRIA QUE SER UN ACTO DE INVESTIGACION?
¿POR QUE EL SOBRESEIMEINTO AL SER UN ACTO DE INVESTIGACION VULNERA EL CONTROL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LA VICTIMA?

3. OBJETIVO GENERAL.

Proponer la modificación de los Art. 323 inc. 3, Art. 324 del Código de Procedimiento Penal

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Proteger las garantías Constitucionales de la persona ofendida.
Que el art. 324 del Código de Procedimiento Penal en vez de ser una impugnación sea una apelación ante el Órgano Jurisdiccional

5. HIPOTESIS.

El Sobreseimiento es un acto conclusivo de la etapa intermedia del proceso penal emitida por el Fiscal, es también el que pone fin al proceso penal, pero esta decisión al ser dictada por dicha autoridad viola las garantías constitucionales de la victima, por no estar sujeta a la valoración del Juez, quien en su valoración debería dar una resolución  definitiva que ponga fin al proceso y que la impugnación se cambie por una apelación ante el Órgano Jurisdiccional.

6. JUSTIFICACION DEL TEMA.

Este Ordenamiento Procesal penal confiere protagonismo a los fiscales en tareas de investigación y acusación, es así que el Fiscal después de pasado los  seis meses  al ver que no se ha encontrado los suficientes indicios plantea una resolución de “Sobreseimiento”, esta resolución no debería ser emitida por el Fiscal sin solicitar  ante le Juez Cautelar para que este valore dependiendo de la salida alternativa este debería solicitar ante el Juez Cautelar  pero no debería de darle  la facultad de emitir resoluciones que violen garantías constitucionales, es  asignando al juez Instructor funciones de control de garantías para asegurar la vigencia de mandatos constitucionales que rigen la materia.
El sobreseimiento debería ser una resolución firme, emanada por el órgano jurisdiccional competente con el cual se pone fin al Proceso.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Sin duda al promulgarse la Ley No. 1970, Bolivia a puesto en ejecución un viejo proyecto de modernización de la forma de enjuiciamiento procesal penal, establecido en los conocidos Códigos Procesales Modelos para Ibero América, dejando atrás u un sistema de enjuiciamiento basado en el sistema procesal  mixto con base en el sistema denominado “INQUISITIVO REFORMADO”. El nuevo sistema procesal penal, democratiza el proceso, establece efectivamente  la igualdad jurídica de las partes y convierte al juez (antes investigador o juzgador), en un tercero imparcial.

Como se ha visto no existe fase intermedia en el actual código de procedimiento penal Boliviano, como consecuencia de la supresión de varios articulados del Anteproyecto del Código de Procedimiento Penal. La doctrina nos enseña que, cuando el instructor considera concluida la instrucción, por haber realizado toda la actividad investigativa que para el era necesaria o que le fue posible llevar a cabo, ha llegado el momento en que debe decidir que hacer con el proceso; si el debe continuar, pasando a la etapa de juicio, si tiene que paralizarse temporalmente, cuando se den circunstancias que así lo impongan “ una vez cumplida la instrucción” o si tiene que extinguirse mediante la declaración de Sobreseimiento del imputad, por parte del ORGANO JURISDICCIONAL (juez Cautelar).

La investigación concluye con un pedido, que normalmente realiza el Fiscal, ese requerimiento fiscal,  como también hemos visto, podrá consistir en el pedido de apertura a juicio, esto es, en una acusación. O podrá consistir en un Sobreseimiento, es decir, en el pedido de que la persona imputada sea absuelta sin juicio, porque de la sola investigación preliminar surge la certeza de que no ha sido autora del hecho punible. O bien la de que ese hecho punible no ha existido en realidad. También pueden existir otros pedidos, tales como el archivo o el Sobreseimiento provisional, pero los dos modos esenciales de conclusión de la investigación son o deberían ser, la acusación y el Sobreseimiento pero con la existencia de una Fase procesal donde se dirima y por el Órgano Jurisdiccional.

Existe inseguridad jurídica, cuando se vulnera el principio de legalidad, ya que se demuestra en forma categórica la falta de disponibilidad que tiene la Fiscalia del destino del proceso, cuando esta en el tramite de Sobreseimiento, mediante el, se establecen taxativamente las causas por las que, la Fiscalia podrá solicitar el Sobreseimiento de la investigación y que solo son que el hecho investigado no sea constitutivo de delito o que la persona acusada aparezca exenta de responsabilidad, con interdependencia de la reglamentación de estas causas de archivo de las actuaciones. La decisión no la puede tomar libremente el Fiscal, sino que requiere de estas causas de archivo de las actuaciones, a mas de la aprobación del Tribunal, lo cual evidencia la sujeción de la Fiscalia al principio de legalidad, y esto es precisamente lo que no se hace en el Código de Procedimiento Penal  ante la ausencia de la fase intermedia ya que es el propio fiscal en forma independiente  el que hace de acusador y juez al mismo tiempo cuando establece el Sobreseimiento sin participación Jurisdiccional (art. 323 CPP). A mayor abundamiento se vulnera el principio de legalidad cuando se establece que el fiscal no tiene en su ejercicio JURISDICCION, que esta otorgado únicamente a los Tribunales jurisdiccionales por mandato constitucional. Finalmente, respecto al sistema procesal actual donde se establece el Sobreseimiento, se concluye que el sistema impugnativo, en el doctrina, se presenta como el modelo basado en la apelación de las decisiones tomadas durante la instrucción, como una forma de control vertical; el otro que limita la posibilidad de apelación, pero otorga una nueva posibilidad de realizar los planteos rechazados, o permite la revisión de la resolución del Sobreseimiento, de decisiones tomadas durante la instrucción, es un modelo de control horizontal, que permite salvar el principio de progresividad del proceso penal. Lamentablemente como se analizo en nuestro sistema procesal, ante la Ausencia de la Fase Intermedia, unidamente existe respecto al sistema impugnativo el recurso de queja ante el decreto de Sobreseimiento, ante el Fiscal de Distrito; respecto a la acusación errónea debe dilucidarse en juicio oral, haciendo funcionar todo el aparato jurisdiccional con muchos gastos para el Estado. Por lo que se establece taxativamente que la lógica jurídica lleva a que tanto el Sobreseimiento como la decisión de que se acuse deba pasar previamente por el filtro del Juez Cautelar  y este resuelva con el imperium que le concede la constitución en uno o en otro sentido, ante esto, a efecto de no crear inseguridad jurídica debe darse la posibilidad de impugnar esta decisión por el Tribunal Jerárquico Superior (Corte Superior) para su revisión, tal cual lo establecía el  anteproyecto del Código de Procedimiento Penal Boliviano.